Ha pasado el verano carcomido por la impotencia. Una pareja
compuesta por un foráneo y una española menor de edad embarazada forzaron la
cerradura de su chalé, ubicado en la playa de Gandia, y lo ocuparon como
residencia de verano. Con toda la caradura e impunidad. Cuando trató de
desalojarlos aquellos intrusos, además de amenazarle con soltarle a su belicoso
perro, le propusieron como solución que les pagara en metálico o les alquilara
otra vivienda.
De nada sirvió denunciar el hecho en la comisaría más
cercana. Los agentes le dijeron que hasta que el juez no tramite la orden no
pueden desahuciarles. Incluso le advirtieron que, una vez denunciado el suceso
y reconocida la ocupación explícitamente por el propietario, los okupas pueden
acusarle de acoso si trata de acercarse. El mundo al revés. Tan solo ha podido
cortar luz y agua y rezar para que, cuando los invasores concluyan sus
vacaciones estivales –así han descrito su delito- y se marchen no le dejen la
casa hecha una piltrafa.
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| 20 minutos. Pág. 2. Edición Comunidad Valenciana (04-09-2012) |
